Los que estén inscritos en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM) no podrán entrar a conciertos, estadios o espectáculos culturales.
Esta iniciativa ha generado debate por su posible impacto social y fue impulsada en la Ciudad de México y en el estado de Nuevo León.
La intención es ejercer presión desde lo social, no desde lo penal, para que las personas que han incumplido sus obligaciones alimentarias enfrenten consecuencias.
El objetivo central de esta propuesta es poner el bienestar de niñas, niños y adolescentes por encima del derecho al entretenimiento.
Se trataría de una sanción civil y social para quienes, sin justificación válida, han evadido su responsabilidad económica hacia sus hijos e hijas.
Las personas registradas como deudores alimentarios se les va a negar lo siguiente:
El plan contempla reformas legales que permitirían a la Consejería Jurídica coordinar acciones con el Registro Civil y empresas del sector recreativo.
Estas podrían incluir revisiones aleatorias del número de identidad en entradas a estadios o auditorios.
Actualmente, tres de cada cuatro menores con padres separados no reciben pensión alimenticia. El problema no solo es legal: es estructural.
La mayoría de los deudores son hombres, y la mayoría de las cuidadoras son mujeres, lo cual perpetúa condiciones de pobreza entre madres solteras.
La propuesta ya fue turnada a comisiones para su análisis y dictaminación. No hay una fecha exacta para su votación, pero se espera que sea discutida en las próximas semanas.
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