
El apoyo será de 8 mil 500 pesos mensualmente y es para mayores de 30 años que enfrentan exclusión laboral y social tras cumplir con la justicia.
Esto va más allá de una simple asistencia económica; es la posibilidad de comenzar de nuevo, la afirmación de que una caída no determina el destino de una persona.
Esta política amplía su rango de edad y responde a un sector históricamente invisibilizado: adultos que ya cumplieron su condena pero siguen pagando su estigma.
Se inspira en esquemas previos como “Reconecta con la Paz”, pero va más allá. Según cifras oficiales, cada año 1,500 personas en la CDMX son detenidas por delitos de bajo impacto y, al salir, enfrentan un entorno que les niega acceso al trabajo, educación o incluso vivienda.
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